LA ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
ANTE LA REFORMA CONSTITUCIONAL
La Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, preocupada por las consecuencias que la aprobación de la reforma constitucional tendría sobre el mantenimiento de nuestro sistema democrático y particularmente atenta ante la posible restricción del derecho a dar y recibir información, considera necesario hacer del conocimiento público su posición en torno a este proceso.
1.- Conforme a la constitución vigente, la propuesta no constituye propiamente una reforma sino un cambio sustancial de los principios fundamentales de la carta magna que ameritaría la convocatoria a una asamblea nacional constituyente.
2.- Algunas de las modificaciones coliden con otros principios y derechos fundamentales de nuestra sociedad democrática, los cuales no podrían ser alterados ni siquiera por una asamblea nacional constituyente:
La propuesta intenta crear un Estado regido por una sola ideología y un solo sistema socio-económico, el socialismo, lo que atenta contra el principio fundamental del pluralismo político que se encuentra en la base de cualquier sociedad democrática.
Se propone una estructura político territorial centralista y dependiente del Presidente de la República, en detrimento de la descentralización y la elección directa de las autoridades regionales y locales.
Varios de los artículos vulneran el principio de progresividad, pues representan un retroceso en cuanto a los derechos y garantías constitucionales tales como la participación ciudadana, la libertad económica, la propiedad intelectual, el derecho a educar y ser educados en libertad, el libre desenvolvimiento de la personalidad y los derechos y garantías en los estados de excepción.
La propuesta de reelección presidencial indefinida favorecería el ejercicio perpetuo del poder por una misma persona, en especial en países como el nuestro donde el peso del Ejecutivo es determinante.
3.- La modificación relacionada con la propiedad intelectual desdibuja y debilita gravemente este derecho, fundamental en el quehacer universitario, al omitirse su reconocimiento y protección expresa sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas. Tal falta de precisión podría conducir a que el legislador dicte leyes que restrinjan los derechos de propiedad intelectual y deje sin efecto la protección de estos derechos previstos en los tratados internacionales actualmente suscritos por Venezuela. Esto desmotivaría la creación cultural y la investigación e innovación tecnológicas, y afectaría a los sectores culturales, tecnológicos, comerciales, productivos e industriales, entre otros.
4.- La restricción del derecho al debido proceso durante los estados de excepción implica una violación de los derechos humanos que constituyen los pilares fundamentales de cualquier Estado democrático.
5.- En lo que respecta a la restricción del derecho a la información durante los estados de excepción, se liquida el principio de transparencia que rige la actuación del Estado. El derecho a la información significa en cualquier sociedad democrática y plural el ejercicio del control de la sociedad frente al Estado. Sin ciudadanos informados no pueden ejercerse plenamente los derechos políticos y ciudadanos ni exigírseles a las autoridades la correspondiente rendición de cuentas por su gestión. Tal situación se agrava en los estados de excepción, en los que el Estado se encuentra habilitado para ejercer el poder sin las limitaciones que de ordinario tiene, pues es en dichas circunstancias cuando se justifica aún más el derecho a la información.
6.- La Asamblea Nacional ha incumplido con el procedimiento previsto en el texto constitucional vigente al incluir disposiciones adicionales sin que se cumplieran las normas para proponer tales reformas y sin que efectuaran con respecto a éstas las tres discusiones exigidas para su aprobación. Además, la propuesta de reforma careció del necesario pluralismo y del carácter reflexivo que debe tenerse frente a un proceso de modificación constitucional como el planteado, que exige el consenso de todos los sectores de la sociedad y de todas las corrientes políticas, sociales y culturales del país.
7.- Respaldamos y apoyamos las iniciativas emprendidas por los estudiantes de todas las universidades del país, y en especial de esta universidad, relacionadas con la necesidad de abrir un espacio amplio, sereno y plural de discusión y crítica de las propuestas, para que la sociedad tenga un conocimiento cabal de su alcance y pueda asumir libremente su posición.
8.- Condenamos los actos de violencia que se han producido en el marco de las manifestaciones cívicas de las últimas semanas, en las que han resultado personas fallecidas, lesionadas y detenidas.
9.- Por último, manifestamos nuestro respaldo irrestricto al Rector de la UCAB, padre Luis Ugalde, ante las agresiones verbales de las cuales ha sido objeto recientemente por la más alta magistratura de la República.
Caracas, 26 de noviembre de 2007
Tiziana Polesel
Directora
Escuela de Comunicación Social
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